A propósito del SITRAMSS

A propósito de las recientes manifestaciones públicas y desafortunadas declaraciones de Autoridades del Gobierno, incitando a la ciudadanía salvadoreña a no acatar la Medida Cautelar, emitida por la Sala de lo Constitucional, con fecha 8 de mayo de este año, donde se ordena habilitar provisionalmente los carriles segregados del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano del Área de San Salvador (SITRAMSS) a vehículos particulares, me permito hacer las siguientes consideraciones:

El 11 de enero de 2015 comenzó a funcionar el SITRAMSS, con la llamada Primera Parte que conecta la cuenca oriente del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) con la capital, bajo la promesa (no cumplida hasta el presente) de extender el sistema hasta el occidente del Área Metropolitana de San Salvador, es decir Santa Tecla, La Libertad. Posteriormente, se ampliaría hasta los puntos norte y sur del AMSS.

La flota inicial se ha mantenido desde entonces en sólo 37 unidades (21 padrones y 16 articulados) y por varias razones – válidas o no – no han podido instalar la flota proyectada: 208 autobuses (151 padrones y 57 articulados).

Los datos anteriores fuerzan a tres cuestionamientos lógicos:

  • Un sistema de transporte de sólo 37 buses, ¿merece provocar congestionamientos de cientos de miles de unidades móviles diariamente?
  • ¿37 buses justifican la millonaria inversión hecha y los costos operativos en déficit permanente?
  • Un sistema de transporte tan exiguo y desafortunadamente planificado y administrado, merece tanto alboroto social, declaraciones públicas sobredimencionadas y, peor aún, amenazas a la integridad de magistrados de la Sala de lo Constitucional?

La respuesta es un rotundo NO.

En consonancia con las opiniones sobre el tema, planteadas por la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA), lo importante es hacer un análisis responsable y objetivo de la situación, de manera que el proyecto pueda continuar, erradicando primeramente los errores en su planeación e implementación y, sobre todo, sin provocar problemas sociales sensiblemente mayores a los que supuestamente desea solucionar.

Se trataría de una propuesta viable y sosegada, muy bien consensuada, que pueda convenir a la generalidad o integralidad del sistema de transporte, tanto privado o particular como público, y por supuesto a los derechos fundamentales de libre tránsito y acceso a los bienes de uso público de la ciudadanía.

Cualquier represalia o amenaza es obviamente irracional e injustificada, siendo el Gobierno Central el primeramente llamado a exigir a los manifestantes y funcionarios en desacuerdo, el irrestricto respeto al Estado de Derecho y, en este caso particular, a su Órgano Judicial, tal como asertivamente se ha observado en reciente Comunicado del Centro de Estudios Jurídicos

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”  – Benito Juárez

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