¿Hacia dónde va el Sistema de Pensiones?

Una cada vez más creciente preocupación general, acerca de la situación de las pensiones, la venimos sintiendo en nuestro país, desde hace varios años. Los pensionados y los que están por pensionarse, con justa razón se preguntan: ¿Qué será de las pensiones en El Salvador?

En efecto, continuamente recibimos noticias muy alarmantes y desalentadoras acerca del estado de permanente insolvencia del sistema de previsión social salvadoreño, especialmente en lo tocante a la satisfacción de las pensiones de los trabajadores públicos y privados, hasta el punto de presenciar cómo las mismas instituciones autónomas y privadas, encargadas de su administración, e incluso el propio Gobierno, públicamente se han ido declarando financieramente incapaces para poder seguir haciendo frente al pago mensual de dichas pensiones.

Hay que tener presente que esta problemática no es nueva, sino que ya se venía advirtiendo desde la década de los 80’s, cuando empezaron a fallar los cálculos actuariales que dieron pie a la adopción del Sistema de Reparto y de Capitalización Parcial Colectiva (CPC).

Dentro de esta nueva óptica, muchos trabajadores activos estarían cotizando para unos pocos en situación de pensionarse, siendo el monto de dichas cotizaciones absurdas frente al porcentaje de pensión esperada, así como resultaban risibles las edades establecidas en cada sistema para pensionarse (básicamente en plena vida útil del trabajador): ¡todo un esquema de pensiones ilusorio e ingenuo! que no podía responder a una fórmula eficiente de construcción de la misma, máxime ante un compromiso de aportación muy exiguo del Estado (al inicio de apenas un 0.5 %), que en todo caso nunca logró honrar adecuadamente.

EFECTOS EN EL SISTEMA DE REPARTO

El Sistema de Reparto empezó a erosionarse debido a cambios inesperados (¿?) en la sociedad salvadoreña, entre los cuales sobresalen los siguientes:

1. Una sobre población galopante, acompañada de altos índices de desempleo y crecimiento acelerado de personas trabajando en el sector informal o en el tradicional rural, donde obviamente no hay cotización para pensionarse.
2.  Mejores condiciones de salud, que permitieron una menor tasa de mortandad general y una significativamente mayor esperanza de vida;
3. Un conflicto armado que dejó un aproximado de 75 mil fallecidos y 15 mil desaparecidos, en su gran mayoría pertenecientes a la población civil apta para trabajar.
4. Los altos índices de desempleo y de violencia por causa del conflicto armado también provocaron la más grande migración salvadoreña de todos los tiempos: un aproximado de 500 mil personas en su mayoría aptas para trabajar al momento de salir o en un futuro cercano. Según estimaciones gubernamentales, al 2005 casi tres millones de salvadoreños vivían en el extranjero, 2.5 millones de ellos residiendo en EU. Este desbordamiento migratorio exagerado disminuyó drásticamente la potencial y necesaria Tasa de Sostenimiento (cotizantes activos en relación con pensionados), máxime frente a la ostensible desproporción existente entre los aportes en concepto de cotizaciones y los beneficios que se llegaban a obtener, no sólo en el tema de pensiones, sino como resultado de otros beneficios y prestaciones sociales que se fueron incorporando al sistema.
5. Los dos fenómenos de postguerra más sobresalientes: a) auge y poderío de la delincuencia organizada; y b) Altos niveles de corrupción gubernamental. El primero ha vuelto a provocar elevados índices de fallecidos, desaparecidos y emigrantes forzosos, mayormente aptos para trabajar; y el segundo, ha diezmado gravemente los recursos financieros del Estado en general, de manera que – en teoría – no le es actualmente posible hacer frente a la crisis previsional.
6. La mala administración del sistema previsional, traducido en: decisiones desacertadas, malos manejos de fondos, cálculos actuariales errados, desempeño deficiente del aparato estatal en toda esta problemática, y creciente demanda por mayores beneficios previsionales, aparte del tema de pensiones.

RAZONES FUNDAMENTALES DE LA PROBLEMÁTICA DE PENSIONES

Pero, en esencia, fueron dos las razones fundamentales que llevaron a su total descontrol:

En primer lugar, la indiferencia o falta de decisión de las sucesivas administraciones gubernamentales (con independencia de su color político), que no buscaron a tiempo soluciones viables para frenar la situación aparatosa de las pensiones, conformándose al inicio con “irse pasando la papa caliente” de un gobierno a otro; de manera que la deuda previsional se fue haciendo cada vez más grande, sin que ninguno de dichos gobiernos haya implementado un esquema de pago de deuda sostenible a futuro, a través de razonables asignaciones presupuestarias para hacerle frente.

Lo anterior contrasta con la tendencia de cada vez mejores y significativas recaudaciones impositivas (por lo menos desde el 2000), sin considerar el rubro de pensiones con la seriedad y urgencia que merecía.

Cuando la situación se volvió insostenible (en la actualidad hablamos de una deuda implícita de pensiones del orden de los 2,300 millones de dólares), estos sucesivos gobiernos empezaron a adoptar “soluciones creativas”, por no decir absurdas, que únicamente han servido para acrecentar su endeudamiento previsional y caer en impagos vergonzosos.

Incluso la alternativa más acertada que se tuvo: la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), bajo gestión privada, que paulatinamente se han visto perjudicadas, dado las grandes limitantes que se les fue imponiendo en el tema de las inversiones y la solución completamente “surrealista” de forzarlas a que el Gobierno pueda prestarles sobre las mismas cotizaciones de los trabajadores para hacerle frente a su deuda previsional, sin honrar sus pagos mensuales, provocando los aludidos impagos.

En segundo lugar, un 70% de la población salvadoreña continúa siendo parte del mercado laboral informal o del tradicional rural, por lo que no tienen derecho a pensión y, obviamente, no se puede contar con sus cotizaciones para hacer frente a la problemática previsional.

Esta cruda realidad, por sí misma, encarna una evidente injusticia y falta de equidad en cuanto a la obligación del Estado de proporcionar seguridad y protección social a los trabajadores, sin distinción alguna, conforme al Art. 50 de la Constitución.

Sobre este último punto, lo cierto es que desde 1911, en que por primera vez se empezó a considerar el tema de la seguridad social, siempre se trató de beneficiar – y todavía en forma paulatina o bajo presión – a un gremio específico, hasta cierto punto privilegiado y principalmente del área urbana: determinado servidores públicos (antiguamente llamados civiles), empleados del sector comercio, empleados de ANTEL, CEL y Correos Nacionales, miembros cuerpo diplomático y consular, jueces y magistrados del otrora Poder Judicial, profesionales académicos honorarios (médicos), militares, maestros, sector formal, empleados municipales y de instituciones autónomas, etc.; quedando siempre por fuera la inmensa mayoría de salvadoreños pertenecientes al sector informal, el agrícola o el obrero, lo que por cierto fue caldo de cultivo del aludido conflicto armado.

Siendo justos, en realidad fue en toda América Latina que se vio la necesidad de reformar los sistemas de pensiones, debido a que los Regímenes de Reparto y de Capitalización Parcial Colectiva (CPC), se encontraban seriamente afectados por los déficit financieros existentes, la mala administración, los problemas actuariales, los crecientes subsidios estatales en detrimento de las finanzas públicas y los equilibrios macroeconómicos de los países en desarrollo; además de la creciente demanda por mayores beneficios previsionales.  

En otras palabras, se trataba de una «problemática regional y no simplemente local».*

En nuestro próximo post analizaremos la situación de las AFP´s, así como los desafíos y propuestas que toda esta problemática previsional nos plantea, junto con recomendaciones viables que los expertos y la propia realidad actual nos revelan, a fin de superar esta alarmante crisis previsional.