¿Hacia dónde va el Sistema de Pensiones? Parte II

Como analizamos en nuestro post anterior, la crisis en el tema de pensiones que venimos afrontando los salvadoreños es, en realidad, un problema heredado por diversas administraciones gubernamentales, quienes temerosos de perder respaldo electoral, rehuyeron tomar decisiones oportunas y cruciales, referentes a la implementación de necesarios, aunque impopulares, ajustes paramétricos en el sistema nacional de pensiones, así:

1) Subir la edad mínima para pensionarse.
2) Subir la cuota mensual de cotización previsional.
3) Bajar los montos de las pensiones a recibir.

Decisiones que a la larga se vieron obligados a implementar en algunos casos, de manera emergente y ya sin la efectividad que pudieron haber tenido en su momento propicio.

Como consecuencia, la deuda previsional se fue agigantando de manera imparable haciéndose mucho más grande que la propia deuda pública. Por ejemplo, ya para 2000 prácticamente llegó a triplicarla, por lo que desde 1996 se adoptó la aplicación del modelo – originalmente chileno – de administrar las pensiones a través de la iniciativa privada.

Fue así que se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), que comenzaron a gestionar a partir de 1998 bajo el Sistema de Capitalización, esencialmente fundamentado sobre el ahorro para pensiones en Cuentas Individuales, lo que significa que cada trabajador aporta o ahorra para construir su propia pensión, e incluso para otras prestaciones y beneficios adicionales, aunque por supuesto sigue existiendo solidaridad en cuanto a las inversiones a realizar para sostener el sistema.

Las AFP´s y su “Talón de Aquiles”

Esta “solidaridad en la inversión” es precisamente el ineludible “Talón de Aquiles” del sistema de cuenta individuales de capitalización (CIC), ya que las AFP´s para cumplir con su promesa o compromiso de una razonable y digna Tasa de Reemplazo [es decir la anhelada correspondencia entre el monto de pensión que se recibirá y el último sueldo devengado, de manera que haya similitud en el poder adquisitivo emanado de ambos], deben haber estado realizando inversiones exitosas durante todo el tiempo que el sujeto a pensionarse estuvo aportando.

En nuestro medio, como vimos en  la primera parte  han existido demasiadas limitantes legales a las inversiones en el extranjero de las AFP’s, que son precisamente las más rentables, aparte de la obligación que tienen de prestarle los fondos administrados al Gobierno para hacerle frente a su deuda previsional.

Como lógica consecuencia, las AFP’s no han logrado responder satisfactoriamente a las expectativas de los trabajadores en cuanto a la cuestión de la tasa de reemplazo, la cual por supuesto también es afectada por otros factores imputables a la administración del sistema y a los propios trabajadores.

Ello ha llevado a justificables críticas, cuestionamientos y reclamos, tanto a las AFP´s por sus propios errores como al Gobierno por su intromisión desacertada.

En honor a la verdad, en todos los países donde se han implementado las AFP´s, incluyendo Chile donde se originaron, existe la misma crítica con respecto a que hasta el momento no han logrado responder satisfactoriamente al compromiso del marketing inicial, en cuanto al margen satisfactorio de la susodicha tasa de reemplazo.

Por ejemplo, en Chile se sostenía que habría una tasa de reemplazo aproximada de 70%, con relación a los sueldos de los últimos años de aportación, existiendo en la realidad un alejamiento de esa promesa inicial que va desde 10% hasta un 33%. Esta situación ha sido duramente cuestionada por la población, aparte de evidencias de administración deficiente y hasta indebida de los fondos previsionales.

Las realidades anteriores, fuerzan a las AFP´s a una necesaria reevaluación integral y propuesta de cambios, que viabilice su deseable eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los fondos previsionales, evitando para comenzar una bonificación excesiva por su administración y todo tipo de despilfarro o gasto superfluo, aunque sea derivado de la misma bonificación, a fin de no provocar críticas desalentadoras y hasta desconfianza generalizada en cuánto a su gestión.

Una reforma integral necesaria

Todo lo anterior nos llevó a la urgente necesidad de proveer una reforma integral al sistema previsional salvadoreño, tanto público como privado, pues ya no basta con establecer un esquema de deuda sostenible a futuro (reto muy difícil como veremos más adelante) y definir si el administrador será un ente público, privado, ambos por separado o mixto, sino que forzosamente se debe determinar un mecanismo efectivo para pagar semejante pasivo de deuda previsional existente.

Por tal motivo, nos señalan los expertos, dicha reforma debe:

«Asegurar que el sistema de pensiones resultante será sostenible en el corto, mediano y largo plazo, otorgando pensiones adecuadas que tengan tanto sostenibilidad fiscal como social; y facilitar el pago de la transición de un sistema de pensiones a otro, reduciendo en lo posible el gasto por pensiones y – por lo tanto – el déficit fiscal y los flujos a cargo del estado, suavizando el efecto en el tiempo»

(Ing. René Novellino, Presidente de ASAFONDOS, 1er. Foro Económico ISEADE-FEPADE: “Análisis de la Situación Actual y Retos en la Agenda Económica de El Salvador”, FEPADE, Antiguo Cuscatlán, 26 de septiembre de 2017)

Por otra parte, debido a las innegables deficiencias (ya sea justificables o no) que ha evidenciado el Gobierno en el manejo, directo o indirecto, de los fondos de pensiones y de la deuda pública en general, el Mtro. Francisco Sorto señaló en el Foro antes citado que:

“Más que reforma previsional primeramente debe haber una REFORMA FISCAL en nuestro país», pues el Gobierno ha caído en la llamada ´Trampa de la Deuda´ ya que para atender el pago de su gran endeudamiento previsional y público necesita seguirse endeudando a un interés creciente, de manera que en vez de reducir su déficit presupuestario, éste continúa en vertiginosa alza debido a los gastos financieros que crecen como bola de nieve arrojada desde una colina hasta finalizar en una catástrofe financiera, que ya la empezamos a sentir todos los salvadoreños.

Desafíos y Propuestas

El Gobierno, entonces, debe reducir el gasto público y redistribuir sabiamente los ingresos, si desea salir de dicha trampa y sanear integralmente sus finanzas.

Lo anterior involucra el desafío urgente de promover una acertada reforma fiscal que reduzca los gastos públicos en función de la verdadera capacidad financiera del país, tomando en cuenta la cruda realidad de su deuda interna y externa. Se debe evitar la práctica recurrente de sobreestimar los ingresos y en su lugar destinar con anticipación parte de los mismos para superar la aludida trampa de la deuda. 

Debe existir eficiencia, eficacia, razonabilidad y transparencia al considerar el destino del gasto público. ¿Cómo?, reduciendo o eliminando:

• El despilfarro y lo superfluo;
• Los gastos por publicidad (el Gobierno no necesita auto promocionarse por lo que está obligado a hacer);
• Los seguros y gastos médicos privados para funcionarios, así como sobresueldos, viáticos, dietas elevadas, asignaciones de gasolina, etc.;
• Las compras de vehículos, mobiliario, equipo, remodelaciones, alquileres y demás erogaciones, tendientes a satisfacer caprichos de funcionarios;
• Las transferencias a ONG´s.
• Se debe promover reformas al ordenamiento jurídico vigente para racionalizar los porcentajes destinados a determinados escalafones, al FODES y al mismo Órgano Judicial.
• Asimismo, se deben ajustar inmediatamente los gastos en caso de no percibirse los ingresos esperados y evitar el uso de las Letras del Tesoro (LETES) como medida de financiamiento recurrente.

Por supuesto, el Estado debe implementar acciones que favorezcan el ahorro para pensiones (APP), de manera que crezca su cobertura, no sólo para hacerlo más robusto y resistente a contingencias futuras, sino principalmente para incorporar dentro del mismo a ese gran segmento poblacional, principalmente de los sectores informal y tradicional rural, que todavía no tiene acceso a la Seguridad Social.

Especialmente se debe erradicar de una vez por todas el permanente incremento del gasto corriente, debido a la práctica viciada de adquirir bienes y servicios para el sector público de manera innecesaria o injustificada, así como contrataciones antojadizas o desmesuradas de personal, constantes aumentos salariales, todo tipo de sobresueldos, etc.

No son tampoco admisibles las medidas populistas de convertir programas asistenciales en derechos permanentes y de crear nuevos programas sociales a sabiendas que la precaria situación financiera del país los hará insostenibles a corto o mediano plazo; ni tampoco aumentar continuamente la carga tributaria del sector formal y el empresarial, ya que ello desincentiva la iniciativa privada, la inversión extranjera, las exportaciones y el desarrollo económico de la nación toda.

Como fácilmente podemos observar, es:

EN EL RESPONSABLE Y TRANSPARENTE manejo del Ingreso y Gasto Público donde se encuentra la clave para ir saneando, de manera paulatina pero asertiva, la deuda previsional.

Esto es así, debido a que es el Estado el único llamado en última instancia [indiferentemente de la naturaleza del sistema y del ente administrador del mismo] a hacer frente a la problemática de los actuales pensionados y de los futuros (Art. 50 de la Constitución. Derecho a la Seguridad Social).